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Propuesta de investigación de la Oficina Regional del IIDH para América del Sur fue desarrollada por estudiantes de la London School of Economics

Fecha: (5/9/2017 2:23:27 PM)

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Montevideo, Uruguay. “Aprendizajes y lecciones de las asociaciones público privadas en el desarrollo. Una perspectiva de derechos humanos” es el título del trabajo final de Debora Neto-Zampier y Caryn Aybar Céspedes, dos maestrandas de la London School of Economics (LSE), que fue presentado la primera semana de mayo. Sus autoras se basaron en un proyecto de la Oficina Regional del IIDH para América del Sur mediante el cual, partiendo de que las asociaciones público privadas (PPP) serían un instrumento innovador para el desarrollo, se propuso analizar los temas, oportunidades y desafíos relacionados con sus experiencias y cómo han integrado (o no) el enfoque de derechos humanos. La propuesta institucional fue seleccionada por la LSE en un concurso efectuado en 2016 y, con ella, la Oficina inició una línea de investigación sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los nuevos actores de la cooperación internacional.

En su informe, las autoras recopilan las mejores prácticas en educación de derechos humanos de las agencias gubernamentales, corporaciones y empresas, organizaciones no gubernamentales, universidades e institutos de investigación de Sudamérica. Además, exploran el papel y gran potencial de las aún poco habituales asociaciones público-privadas (PPP) en la cooperación para el desarrollo, promovidas mayoritariamente por organizaciones no estatales e implementadas en el nivel local; e identifican un gran desafío transversal al fomentar alianzas con un enfoque de derechos humanos: la claridad en la alineación de objetivos -aunque tengan diferentes motivaciones- así como en los compromisos y responsabilidades de los socios para garantizar la rendición de cuentas sin perder la flexibilidad frente a los nuevos modelos de cooperación. Asimismo, se recogen buenas prácticas y se formulan recomendaciones específicas para crear PPP con un impacto efectivo en los derechos humanos.

Soledad García Muñoz, coordinadora de la Oficina Regional, presenció a distancia la defensa de la investigación junto con Mercedes Retamoso y Ricardo Scagliola, integrantes del equipo de trabajo.